Editorial - En pleno derrape institucional

Cerrado el acuerdo con los bonistas, bajo las condiciones centrales impuestas por ellos mismos, el gobierno perdió la oportunidad para instalar la “investigación y no pago” de la deuda aprovechando la crisis del capitalismo mundial. Ahora deberá afrontar un primer vencimiento el próximo enero, en lugar de usar esos recursos para resolver necesidades básicas del pueblo. Toda una definición sobre las prioridades. Mientras tanto Alberto Fernández pretende recuperar iniciativas, avanzar con el anunciado plan pos-pandemia y a partir de allí, amortiguar el descontrol en el número de víctimas producido por el Covid-19 visto el colapso sanitario en ciernes.

Pero la realidad es más fuerte. El diablo metió la cola y ahora los efectos de la crisis económico social determinan. Se han colado problemas donde sin políticas de cambios estructurales el régimen no tiene salida. El poder legislativo, históricamente inútil para resolver problemas de vida, está envuelto en el chantaje de la virtualidad y de las roscas que raya en lo grotesco, tanto como el poder judicial. Y la crisis económica, sin recupero a la vista, agrega al desconcierto general la visión de un país a la deriva donde no cuentan los intereses de millones de argentinos. En realidad son las manifestaciones de la crisis política que arrastra el capitalismo monopólico local, agudizada al extremo en este caso, dado la encarnizada disputa del mundo imperialista por la hegemonía mundial. 

La irrupción de la Bonaerense

En ese marco, el alzamiento de la Bonaerense, con todos los entrecruzamientos de intereses en juego, anticipa una disputa de facciones e intrigas que la “legalidad” institucional no podrá cerrar ni contener. En el principal distrito del país, con una fuerza de más de 93.000 efectivos, históricamente mercenaria e indemne a cuantas depuraciones se hicieron, la revuelta puso al desnudo la fragilidad del gobierno provincial y su entramado social, que durante décadas posibilitó al justicialismo mantener la gobernabilidad hoy perforada. 

Sería una ingenuidad suponer que detrás de la demanda salarial y de equipamiento represivo no existan objetivos políticos tendientes a debilitar el híbrido en que se ha transformado el Frente de Todos. Sepultar cualquier esbozo de progresismo a futuro como el pretendidamente dibujado por Kicillof y sus jefes políticos, no solo interesa a franjas del conservadorismo y a los poolesagroganaderos con sus referentes sino también a propios barones del conurbano justicialista enquistados en la administración de la pobreza. El atajo por derecha en la convicción de que un símil de la mano dura aplicado por Ritondo-Vidal, pero bajo el control en este caso del ministro de Seguridad justicialista, el coronel Berni, sería suficiente para disuadir la rebelión de la pobreza, comenzó a transformarse en derrota no solo desde que quedó expuesta la responsabilidad con la desaparición de Facundo Castro y luego en el forzamiento al desalojo de tierras; tampoco alcanzó para mantener bajo control la cadena de mandos. Lo mismo cuando el anuncio, una semana antes, del Plan Nacional de Seguridad Integral de $37.000 millones, con aplicación directa de $12.000 millones para el equipamiento de la Bonaerense. 

Deberían valorar la militancia del peronismo más comprometida con la justicia social antes de buscar congraciarse con franjas medias tironeadas por la derecha ortodoxa. Una política de resignación y preservación del asistencialismo punteril, como la definida por las fuerzas cayetanas (con sus propias internas) y en parte también del sindicalismo oficial, no se compadece con el alza de la lucha de clases y los reclamos a enarbolar. Enfatizar dicho rumbo a la par de la política de contención -cuando no de represión- sobre los cordones crecientes de pobreza, recostados en los “servicios y obediencia”  de la Bonaerense a partir del quiebre disciplinario y las volteretas para cumplir con las exigencias planteadas, coloca peligrosamente el blanco en el campo del pueblo que los eligió, en lugar de golpear a los enemigos.

Se reemplaza una política de organizar la lucha de los trabajadores y elevarla por la superficialidad de los votos. Los votos ya fueron, ahora son gobierno. Sin profundizar un verdadero proyecto de transformaciones estructurales y cambios en la matriz productiva, lo que viene es una segura derrota del modelo. 

Un detonante en la línea de flotación

Los planteos no solo fueron sectoriales. Se impuso el desacato frente a una autoridad desautorizada que ni el propio ministro-candidato Berni pudo controlar, con el agravante de una insubordinación que trascendió los límites de la provincia y se afirmó en el rodeo a la Quinta de Olivos. No se trata solo de condiciones laborales como las que soporta la gran mayoría de trabajadores por debajo de la línea de pobreza, se trata de fuerzas de seguridad cuya función ya no es impedir el delito del cual también son parte, sino la de contener y reprimir las exigencias básicas que demandan los oprimidos acorralados por una crisis que no generaron. Los planteos de mayor impunidad, sobre todo en los altos mandos, limpieza de prontuarios y sanciones, fueron acoplados al reclamo. En nivel diferenciado, los efectivos jóvenes reclutados como salida laboral en los últimos años, fueron impulsores principales y a la vez exigentes para que  no se tomen represalias. Pero es la misma fuerza preparada para reprimir las ocupaciones de fábricas ante despidos y suspensiones, para desalojar las tomas de tierra por techo propio, para amedrentar y desaparecer a la franja creciente de una juventud negada en su proyecto de vida. Obligadamente, los administradores del capitalismo monopólico actual requieren tropas cuya lealtad no está asegurada, pero pretenden -con acentuado sesgo fascista- utilizar para impedir el desborde que más temprano que tarde se instalará. 

El desacato policial puso sobre la mesa la descomposición en curso. Los límites del plan dejan sin chances el mejoramiento en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los objetivos en el presupuesto 2021, pendiente de aprobación, plantean un recupero en el crecimiento de 5% luego de cerrar el ejercicio actual con una caída del PBI del 12% estimativamente. Un derrumbe brutal que no se puede justificar como consecuencia de la pandemia, cuando quedó a ojos vista la precariedad en el funcionamiento sanitario del país. Por otro lado ninguna intención de torcer el rumbo neoliberal y mercantil que los grandes laboratorios y clínicas despliegan sobre las ruinas de la salud pública. 

El manotazo al presupuesto del gobierno de Larreta para aplacar la demanda policial, agrega una crispación más; pero en definitiva lo hecho hecho está, y el llamado apaciguador del presidente poco después fue en el sentido de recomponer el diálogo, antes que la gobernabilidad de la cual es responsable quede fuera de control. Los bamboleos y retrocesos no corresponden solo al defensismo político corroído por las internas dentro del Frente de Todos, también por limitaciones y complacencias del proyecto atado a las necesidades de las multinacionales y el capital financiero. Todo un contraste con políticas que apuntalen el despliegue de fuerzas productivas y fortalezca el mercado interno tal como originalmente fue anunciado. 

La extorsión exitosa de los uniformados expuso la debilidad del gobierno. A su vez, objetivamente obró como estímulo para que las exigencias de los trabajadores de la salud, docentes, fabriles y de servicios en general pasen al frente y vayan por el reclamo directo para que ningún convenio o sueldos de bolsillos quede por debajo de los $ 69.000 otorgados a las fuerzas represoras.

Predomina en la caracterización del momento un mar de fondo estimulado principalmente desde fines de 2017 que no se puede ignorar. Suma el despliegue militante que se advierte con las tomas de tierra, la exigencia del ingreso universal justo a efectos de convertir los planes sociales en trabajo genuino, y que se contemple a la vez el derecho de la juventud al trabajo y al estudio como parte de otro proyecto de vida. Nada de esto será posible sin un programa de transformaciones políticas y económicas para que la soberanía del pueblo sea una realidad. Tanto en relación al manejo del comercio exterior, de la nacionalización de la banca, de los recursos energéticos, alimentarios y/o recuperación ambiental, inicialmente. 

Esta es la pelea de fondo que está planteada en relación a una política de poder. Requiere de una actitud movilizadora para que el movimiento de masas sepulte el liquidacionismo ideológico, junto con la esperanza de una verdadera política de cambios revolucionarios. Requiere de la derrota de las políticas de complacencia pro-patronal de los jerarcas de la CGT. A la vez que la búsqueda de una intervención a fondo de los trabajadores en confluencia con otros sectores como única salida a la crisis planteada. Las posibilidades son objetivas y están abiertas, a partir de los programas básicos en los territorios, del malestar creciente y del empuje -aun con limitaciones- de trabajadores, piqueteros, ambientalistas, de derechos humanos y libertades democráticas, que nunca abandonaron la calle. Allí está la única posibilidad histórica de romper con esto de la misma forma que la rebelión de 2001 abrió un rumbo de distinto y vino a poner las cosas en otro lugar. 

Andrés Zamponi