Editorial - Cuanto más cuarentena, mayores limitaciones en el proyecto

Sábado, 16. Mayo 2020
Barrio 31 Coronavirus

Con la extensión de la cuarentena al 24 mayo, más allá de las flexibilizaciones que gradualmente se fueron ampliando, se cumplirían 65 días de la decisión sanitaria adoptada por el gobierno para enfrentar al covid19.

Los resultados, visto el número de fallecidos y afectados en otros países, resultan menos catastróficos hasta el momento y le han generado al presidente un reconocimiento social mayor al sostenido originalmente. Dicho eje se transformó en principal, y a su vez un termómetro para la calificación de sus referentes políticos. Quedó al desnudo un inexistente derecho a la salud igualitaria o de bienestar en el capitalismo globalizado, donde las multinacionales y laboratorios aparecen como “motores de la economía y el progreso”, pero que apenas desatada la pandemia cada cual buscó lucrar a su manera, dejando al desamparo la salud popular.

La prórroga por cuarta vez de la cuarentena soporta el hostigamiento de grandes grupos empresarios más preocupados por lo que deja de ganar que por la vida de los trabajadores. Por otro lado el gobierno sabe que precipitado el pico de la pandemia, según los daños ocasionados, puede afirmarse o no el reconocimiento popular. En tal caso el coctel que resultará de la combinación entre el aumento de pérdidas humanas y el deterioro laboral agudizado por la paralización de la economía, puede ser letal para las aspiraciones de la coalición gobernante.  

Cuanto más se alarga la medida mayor gravitación tienen los problemas de vida, de tal forma que para muchas familias en situación desfavorable el hambre y la necesidad laboral pesan de la misma forma que la posibilidad del contagio. El problema, hoy agravado, está en las limitaciones del propio proyecto oficial, antes de que se declare la pandemia, carente de toda perspectiva de introducir cambios decisivos para terminar con la decadencia que se arrastra por décadas. Aquel proyecto inicial, diluido en el afán de sacar al macrismo como base del Frente de Todos, acentuó sus debilidades programáticas en lugar de radicalizarlas.

El no pago, la única salida

La negociación por la deuda externa, más allá del rechazo inicial de los bonistas y de la inmediata voluntad explicitada por el gobierno para llegar a un acuerdo antes del 22 de mayo, dejó de ser un desafío en la medida que solo abarca el 21% del total de la deuda pública y en que tampoco se manifiestan intenciones oficiales de aprovechar la crisis mundial abierta. En efecto, los U$S 68.000 millones en cuestión sobre los cuales habrá quitas y un tiempo de espera, son una parte de los U$S 323.000 millones que se adeudan al 31/03/2020 por todo concepto. Entre los acreedores figuran el Banco Mundial, FMI, Club de París, BID, CAF, etc., por lo cual si no se impone el No pago o suspensión de los mismos por todo concepto, el drenaje de divisas continuará y la deuda interna contraída con el pueblo nuevamente violada y agravada mucho más.

Régimen carcelario, parte de un sistema corrupto y decadente

Tomó inusitado revuelo político la situación de los presos en las cárceles del país. El deterioro del sistema carcelario, lejos de una función correctora, actúa como estímulo al reclamo de los reclusos, en cuanta oportunidad se les presente: en este caso, por la elevada posibilidad de que el virus una vez entrado a los penales sea imposible de controlar, tal como sucedió en otros lugares. En Francia, Estados Unidos, Turquía, Brasil, Méjico, España, etc., cumplieron con las recomendaciones de las Naciones Unidas y dejaron en libertad a miles de presidiarios. En provincia de Bs As fueron casi 2200 beneficiarios de prisiones domiciliarias o libertades condicionales. La aparición en la lista -real e inventada- de algunos femicidas y violadores, fue la excusa de sectores de la ortodoxia macrista para machacar con el eje de la “seguridad”, lo cual reflotó las internas en el gobierno y el inmediato pasaje a la defensiva. Previamente a los hechos, había detonado la decisión del juez Obligado que ordenó la salida de Boudou que tenía condena firme, y luego ese mismo juez contrapesó con la libertad del genocida y torturador de la ESMA Carlos Capdevilla.

Quedó en evidencia la explosión del sistema carcelario como parte también de una sociedad que se descompone. El aumento de 46.600 presos en 2003 a poco más de 98.000 en 2019. El 60% permanece con prisión preventiva y está por debajo de los 34 años de edad. En este marco el debate entre punitivistas y garantistas es solo papel mojado. Los males de fondo que el capitalismo monopólico arrastra, la falta de perspectivas en la juventud y la profunda inequidad social junto al orden jurídico existente, solo se pueden resolver con políticas de fondo.

Extorsión de las petroleras

El retorno del “barril criollo” es una concesión a las petroleras que, afectadas por la caída del crudo a nivel internacional, amenazan con la paralización total de la producción, sobre todo en Vaca Muerta. No fue suficiente el cierre de pozos ni la reducción de los salarios para los casi 20.000 operarios que se mueven en la cuenca petrolera. En efecto, la precarización validada con la firma del dipu-sindicalista Guillermo Pereyra, redujo el promedio salarial de $100.000 a $35.000 mientras no desarrollen actividades. Pero el reconocimiento a U$S 45 el barril (Brent) mientras afuera se paga 30/35 dólares es un sobreprecio inadmisible, tratándose de los grandes grupos cuyas ganancias en tiempos normales crecen exponencialmente. La extorsión para que el estado los compense se fundamenta en las mayores pérdidas que significaría el desmantelamiento o paralización de la industria hidrocarburífera. Con esa lógica de la dependencia justamente, tratándose de un recurso estratégico, el peronismo no tiene chance alguna de recuperar soberanía ni establecer diferencias esenciales con el gobierno anterior. Al final de cuentas YPF es una sociedad anónima con mayoría estatal, pero en cuya composición accionaria también operan los fondos de inversión. Ni siquiera la posibilidad de bajar los precios del combustible al consumidor, como sucede en el resto de los países, entró en consideración. Con lo cual al sobreprecio de extracción del barril se le debe adjuntar el precio de consumidor, sobre todo en aquellas empresas que poseen el circuito productivo integrado, como PAE de los Bulgheroni y la misma YPF.

Arreglo CGT-UIA

Colocar el problema de la salud en primer lugar, de por sí no está mal. La falta de resto, en un país que llega desvencijado, puso en cuestión rápidamente las dificultades económicas y la condición social de millones de argentinos. Sectores del staff empresario, ante la paralización parcial de las actividades presionan para descargar los costos en los trabajadores o en su defecto obtener mayores subsidios. Reciben, además del 50% sobre el neto de cada salario, la exención de hasta el 95% de las contribuciones patronales, préstamos y moratorias impositivas cuyos intereses serán licuados prontamente por la inflación. La contracara son los miles de trabajadores que recibieron en estos días importes no remunerativos por debajo del sueldo neto que regularmente les corresponde. Una quita del 25% mínimo para quienes no asisten a sus puestos laborales producto de la cuarentena, a la cual el acuerdo CGT-UIA-Gobierno le terminó poniendo el moño.

La quita en algunas actividades (petroleras y servicios) superan al 30/40% del neto, con lo cual la angustia y la bronca, que ya de por sí soportan los trabajadores y su núcleo familiar acosados por el virus, se profundizan. De la suspensión al despido hay un corto trecho, y más cuando hay tantos casos de violación al decreto presidencial que prohibió ambas medidas. En sectores públicos también se producen pagos en cuotas, descuentos de adicionales o despidos en municipios, reducción de horas y premoniciones sobre bonos o cuasi monedas, que no se asumen pero ya se planifican en las provincias. No se trata solo de recortes a trabajadores de empresas privadas, sino de una decisión política emprolijada con el discurso de distribuir los costos de la crisis, pero que en los hechos se descarga sobre la mayor parte de los asalariados. No hay un solo banco o cerealera que hayan cerrado por quiebra en estos tiempos. Como tampoco alguno de los “gordos” o jerarcas sindicales que se hayan desprendido de mansiones o privilegios. Si hasta el propio Rocca de Techint, luego de haber sido denostado por el presidente, arregló con el gremio y dejó en la calle a los 1.500 trabajadores en cuestión. A la par, hay millones de desocupados, miles de suspendidos, cientos de pymes y comercios cerrados y otros tantos pequeños productores sin rumbo cierto en todo el país. El contubernio UIA-CGT sienta precedentes para reducir los salarios o congelar paritarias post cuarentena, fue validado sin consulta de base alguna y sin contar con el visto bueno de gran parte del sindicalismo. Hacia allí avanzan quienes hablan de un “nuevo orden” o “nueva normalidad” una vez recuperada la actividad. No imaginan otra posibilidad que no sea una economía ajustada con trabajos flexibilizados y salarios achatados.

Los recursos están

Detrás de la falsa disyuntiva entre salud y economía se oculta la precariedad para poder cumplir ambas cosas con solvencia. Los recursos están, pero requieren definiciones que Fernández no está dispuesto a tomar. Cuándo tendrán mejor oportunidad para intervenir a los bancos que malversan el uso de los depósitos con sentido especulativo, o para forzar al cumplimiento de los precios en las grandes cadenas, o para terminar con el regateo y disponer el no pago de la deuda externa ilegal e ilegítima, o recuperar el manejo centralizado de los recursos energéticos. Tareas todas que de concretarse, los recursos para superar cualquier estarían disponibles, sin necesidad de tanto sufrimiento ni angustias como las actuales.

Entonces deberán resolver por otro camino cómo reactivar la economía sin que se desmadre la asistencia sanitaria. Con la cuarentena quedó afectada el 65% de la actividad, salvo los servicios esenciales iniciales a los que se le fueron agregando las aperturas actuales. El billón de pesos asignados para sostener el Programa de Asistencia (ATP), pymes, cuentapropistas, changas, IFE, etc. son insuficientes frente a los despidos y empobrecimiento cada vez más acentuados. Ya se bordea las mismas cifras de pobreza que en 2001, pero las perspectivas reactivadoras todavía no aparecen. Se espera una caída de 7 a 8 % en el PBI, y la emisión como política monetaria puede aliviar transitoriamente pero luego termina en escalada inflacionaria.

De allí que los reclamos de los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra el covid19, en hospitales, salas y barrios, se complementa también con las de los obreros en cuyas instalaciones las patronales no cumplen con los protocolos sanitarios o de los establecimientos que cierran, despiden o no pagan los haberes. Así fue con Cicop y médicos residentes, con los despidos en Penta y los municipales de Jesús María, y hoy suman los obreros de Cerro Negro en Olavarría. De igual forma forman esa primera línea las organizaciones territoriales, organizando ollas con sus propios recursos y reclamando para que se cumpla con las entregas de alimentos a comedores y merenderos junto a los kits de higiene y seguridad. Destacada participación de las mujeres que, así como son protagonistas directas no cejan en su denuncia y lucha contra los femicidios de cuarentena, al igual que nuestros jóvenes brindando solidaridad comunitaria y entregados a la causa de luchar por una sociedad mejor. La causa de la revolución.

Andrés Zamponi

Publicado en: 
Sábado, Mayo 16, 2020 - 19:30

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