Chaco - Para los que reprimen al pueblo, la cárcel ya

La cúpula de la Policía del Chaco renunció a sus puestos en rechazo a la decisión del gobierno de Capitanich de no reincorporar a las filas de la fuerza a los efectivos responsables del ataque a la familia Qom de Fontana, el pasado 31 de mayo.

Los cuatro policías implicados en la salvaje agresión habían sido liberados el 8 de julio pasado por la jueza de garantías Rosalía Zózzoli, quien avanzó en favorecerlos aún más, cambiando la caratula de la causa de quienes violaron el domicilio, detuvieron, torturaron y abusaron sexualmente a jóvenes del B° Banderas Argentinas de la localidad de Fontana, cuyas agresiones fueron filmadas y viralizadas provocando un repudio generalizado. El saliente Jefe de la Policía, Fernando Romero, al explicar las renuncias argumentó en base al reglamento interno de la fuerza y el código procesal penal de la provincia, que él no se podía negar a reincorporar a los policías agresores ya que comúnmente el personal con procesos judiciales y sumarios administrativos prestan servicio “y que solo se les asigna (tarea) pasiva por delito en caso de detención”; a su vez deslizó que “hay más de 900 policías en la misma situación” y que por lo tanto “deberíamos darle pasiva a todos, lo que desmantelaría a la policía”. 

La reacción de los jefes policiales sorprendió al gobernador que no tenía previsto nuevas designaciones y abrió una disputa de poder en el equipo del gobierno ya que éste, mediante la secretaría de Derechos Humanos y géneros, se había constituido en querellante en dicha causa.

Los imputados Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez fueron detenidos recién dos semanas después de lo ocurrido, detenciones solicitadas por la querella estatal a la Fiscalía Especial en DDHH, la misma que luego los benefició con prisión domiciliaria, hasta que el Juzgado de Garantía N°3 de resistencia terminó de liberarlos. 

En la madrugada del 31 de mayo una patota de personal uniformado y de civil ingresó brutalmente a una humilde vivienda del B° Banderas Argentinas de Fontana de la familia Qom Fernandez - Saravia para golpearla ferozmente, llevarse a varios de sus integrantes, y luego en la comisaría torturarlos, rociarlos con alcohol, amenazarlos con prenderlos fuego, al tiempo que les decían “indios infectados” y abusar sexualmente de dos chicas.

Tras la enorme difusión del video que registra el ataque el gobierno provincial apartó a estos cuatro agentes que protagonizaron el allanamiento ilegal pero los familiares hablan de un operativo del que habrían participados más policías, incluso pertenecientes a otras comisarías de la localidad. Capitanich pidió perdón públicamente y realizó una serie de anuncios para despegarse de los hechos. 

Pero la policía chaqueña buscó y presionó para lograr la impunidad absoluta sobre lo ocurrido. El jefe Romero recostó su decisión en el malestar de los integrantes de la fuerza, que tras los hechos en Fontana decidieron quitar colaboración en controles y retenes a la circulación en el marco del asilamiento obligatorio, y en un supuesto apoyo social que quisieron visibilizar familiares de los agresores, agitadores interesados, entre ellos impulsores de acuartelamientos en el pasado.

Capitanich designó como nuevo Jefe de la fuerza a Ariel Acuña quien ya se desempeñó en ese cargo en el anterior período de gobierno de él ycontinuó en el gobierno de Peppo. Acuña fue quien autorizó el desalojo y represión de un corte de ruta que derivó en la muerte del dirigente social Ángel Verón; nunca rindió cuentas por su responsabilidad en ese operativo y siguió al frente de la Policía. En el mismo acto donde designó al nuevo Jefe de la Policía anunció, como para contentar a la institución y el sector que los apoya, un aumento en el recargo por pandemia que perciben los agentes.

Desde iniciado el brote por Covid 19 en la provincia el gobierno extremó medidas sin conseguir frenar la expansión del virus. Semana tras semana se suceden episodios que dan una pauta de las dificultades y necesidades urgentes de las y los trabajadores, las barriadas populares, su juventud, los pueblos originarios y el pueblo en general. Capitanich se paró sobre la represión de la policía para el cumplimiento de la cuarentena y la persecución de los trabajadores de la salud para que sostengan la atención sin importar las condiciones laborales y en cargar la responsabilidad sobre el fracaso en la pelea contra la pandemia en la sociedad. Los barrios son bloqueados en sus accesos, a veces, como la única medida "sanitaria" dirigida a esos sectores, que solo contribuye a que sean estigmatizados. Son acechados por operativos policiales ante necesidades que crecen día a día.

Elsa Fernández, madre de la familia Qom torturada, contó que fueron amenazados por la policía y que desde el 31 de mayo no duermen de noche porque el temor es gigante. Temen represalias, son perseguidos y ya acostumbrados señalan que la justicia es racista, que siempre pisotea a las comunidades originarias

Capitanich, aceptando la liberación y regreso sin más a la fuerza de una banda de torturadores y violadores, y tolerando la rebelión de un reivindicador de esas prácticas, demuestra la clase de gobierno que encabeza. Nombrando a un responsable del asesinato de un dirigente social confirma no solo que es cómplice de los delitos policiales que se multiplican en la provincia, sino que está comprometido hasta los huesos en la impunidad y persistencia de estas prácticas. Teléfono para las fuerzas y referentes populares que se dicen defensoras de los DDHH y aún bancan a este garante de la impunidad. 

¡CARCEL A TODOS LOS POLICIAS CORRUPTOS, TORTURADORES Y VIOLADORES!

¡BASTA DE PERSECUCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y ATROPELLO A LAS COMUNIDADES QOM Y EN LAS BARRIADAS POPULARES!

¡FUERA ACUÑA REPRESON! ¡ANGEL VERON PRESENTE!

PRML Regional Chaco