Cambios en el gabinete - Los ministros pasan, el FMI queda

La renuncia de Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis trajo consigo una inmediata devaluación del peso en los mercados financieros, un fuerte proceso de remarcación de precios y la caída de los bonos de la deuda en los mercados, fenómenos que empujarán la inflación de julio y una confiscación más profunda de los ingresos populares. Mientras tanto, la nueva ministra ratificó el acuerdo con el FMI y anunció un sendero de mayores ajustes para cumplir con el organismo.

Los anuncios de Batakis en su primera conferencia de prensa tuvieron un espaldarazo político con la presencia de Scioli (Producción), Marcó del Pont (AFIP), Pesce (BCRA), Dominguez (Agricultura) y Lammens (Turismo). La soledad de Guzmán contrasta con el acompañamiento político de la nueva ministra. El plan económico continuará estructurado en torno al acuerdo con el FMI, lo cual fue reconocido públicamente por el propio organismo. En otras palabras, el portazo de Guzmán, las negociaciones tras bambalinas y la asunción de Batakis no resultaron en un giro en materia de política económica.

Batakis anunció medidas dirigidas a cumplir las metas de la siguiente revisión trimestral, en septiembre, en función del acuerdo con el Fondo. En primer lugar, una suba de las tasas de interés y ciertas garantías para el mercado de capitales en pesos. El paquete fue correctamente interpretado como un “guiño a los mercados”, es decir, al capital financiero acreedor de la deuda, que incluye a buena parte de la gran burguesía local, cuyas inversiones están fuertemente financiarizadas. En aquel guiño se inscribe también la única noticia “positiva” de la jornada: que no habría una devaluación inmediata del dólar oficial. El objetivo del paquete fue contener una corrida cambiaria, pero los anuncios no impidieron ni retrotrajeron el tránsito de pesos al dólar, que llevó la cotización de la divisa a unos $270 / $290 en los mercados paralelos (legales e ilegales), ni la remarcación de precios al consumidor, señal de que la gran burguesía local pide un ajuste mayor al implementado por el gobierno. Lo anterior supone un empujón a la inflación, principal preocupación de quienes viven de salarios, jubilaciones o planes sociales: para ellos no hubo anuncios que trajeran “alivio” y “tranquilidad”. Además, a la larga, las tasas de interés positivas pueden provocar efectos recesivos y profundizan el déficit del Estado, que debe afrontar elevados intereses. 

Por otro lado, un segundo bloque de medidas estuvo ligado al llamado “equilibrio fiscal”: la disminución del gasto público para reducir el déficit fiscal, que debe llegar al 2,5% del PBI a fines de 2022 y a 0% para 2025. Pocas semanas atrás el gobierno había recortado la inversión en obra pública para el segundo semestre del 2,2% al 1,8% del PBI. Asimismo, los organismos del Estado recibirán su presupuesto mensual solamente en tanto la recaudación fiscal lo permita (una especie de “déficit cero” dentro de la administración pública que supone un recorte de hecho) y tendrán una administración centralizada por el ministerio de Economía (“Cuenta Única”), que apunta a controlar (disminuir) las transferencias a las provincias y los gastos de cada ministerio. También se congela la planta de empleados públicos incluso en organismos descentralizados, una medida clásica de los períodos de ajuste. 

Finalmente, la joya del recorte fiscal está vinculada a la reducción de los subsidios estatales a la energía (exigencia directa del FMI) y el consecuente aumento de las tarifas al consumidor: el dinero para la deuda externa sale directamente del bolsillo de las familias trabajadoras. En ese marco, finalmente fue lanzada la segmentación de tarifas, en parte como concesión al kirchnerismo y fundamentalmente como método para amortiguar el descontento social con la medida: recuérdese las fuertes movilizaciones contra los tarifazos en 2016.

Por supuesto, a Batakis no se le cruzó por la cabeza atacar el principal factor de la insolvencia del Estado: la deuda. Suspender el pago de la deuda, especialmente del segmento contraído con el FMI, y aplicar una serie de políticas inmediatas (estatización de los bancos, el comercio exterior y los recursos estratégicos) permitiría disponer de las divisas necesarias para encarrilar el funcionamiento de la economía y garantizar un inmediato bienestar popular, que debería ser el objetivo de todo proyecto de gobierno que se preocupe por los intereses nacionales.

Por el contrario, el cumplimiento del acuerdo con el FMI y el pago de la deuda suponen implementar medidas de ajuste sobre una población que ya soporta un fuerte deterioro de sus condiciones de vida. El descontento general y la tendencia creciente de las luchas muestran un margen reducido para semejante aventura -el primer semestre del año fue un muestrario de movilizaciones, piquetes y acampes-, pero la gran burguesía está dispuesta a correr el riesgo: solamente una intervención rebelde del movimiento de masas puede desequilibrar la balanza y torcer el futuro en favor de los sectores populares. 

David Paz