Córdoba - La ruina provincial y la perspectiva obrera y popular

El Estado provincial está endeudado en niveles insostenibles. En los últimos años el crecimiento del endeudamiento externo fue gigantesco y la caída en la recaudación, fruto de la parálisis económica, agudizada por la cuarentena, complicó severamente esta situación. La deuda externa cordobesa supera los 170.000 millones de pesos, prácticamente en su totalidad en dólares. Los vencimientos se acumulan y la salida que previó el gobierno de Schiaretti -emisión de cuasimonedas- fue muy limitada por presión del gobierno nacional. Al cerrarse momentáneamente esta vía de cancelación de deuda, la alternativa es la que estamos viendo en las últimas semanas: el ajuste sobre los ingresos de los trabajadores activos y pasivos. Así se traduce la “sostenibilidad de la deuda pública cordobesa”. Es decir, sacarle a los trabajadores y jubilados para garantizar el pago a los acreedores, sin tocar el bolsillo de ninguno de los grandes grupos económicos que residen en la provincia. No se le puede negar la coherencia a Schiaretti: siguiendo sus indicaciones, los diputados cordobeses en su momento acompañaron ciegamente el endeudamiento nacional de Macri. Ahora que deciden pagar esa deuda, la sintonía con la orientación nacional de darle prioridad a los acreedores, le valió a Schiaretti el apoyo nacional en la sesión relámpago del 20 de mayo, cuando la Legislatura efectivizó el robo a los jubilados de la provincia, contando con los votos del ala “albertista” del PJ cordobés. A partir de ahí, las referencias amistosas al “gringo” por parte de AF son constantes. 

El ajuste previsional y salarial como salida

Lo cierto es que a partir de esa reforma express, los jubilados provinciales pasarán a cobrar el 67% del sueldo de los activos, retrocediendo un 6% respecto de la legislación anterior, además de modificar regresivamente el cálculo del haber inicial, y de dilatar dos meses la aplicación de los aumentos que cobren los activos. El argumento oficial es tan repetido como autoincriminatorio: “el sistema previsional no es sustentable”. Lo dicen quienes hace ya más de 20 años gobiernan ininterrumpidamente la provincia, período en el que las jubilaciones pasaron del 82% al 73% y ahora al 67%; y mientras desfinanciaron permanentemente la caja de jubilaciones al incorporar sucesivas sumas en negro a los salarios de quienes sostienen el sistema con sus aportes. Conscientes de la impopularidad de la medida, no sólo llevaron adelante la sesión sin ningún anuncio oficial y con un fuerte vallado policial, sino que lo hicieron aprovechando un súbito retroceso de fase en la cuarentena que afecta a la capital. 

Esta medida no es aislada. Apenas iniciadas las primeras acciones contra la pandemia, el gobierno provincial decidió la suspensión sin pago de nada menos que 27.000 empleos ultra precarios, establecidos bajo eufemismos tales como “Plan Primer Paso”, entre otros. Inscriptos en la misma orientación van también los recortes salariales efectuados sobre los trabajadores municipales tanto en la capital como en varios municipios del interior, a lo que se suma la provocación del Intendente Llaryora, contratando “Servidores Urbanos y Promotores de Convivencia” para suplantar parte de los trabajadores genuinos del municipio. Mientras tanto, los trabajadores de la salud siguen esperando por el bono especial que iban a recibir, así como por los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia que los tiene en la primera línea de batalla. Los docentes siguen resolviendo por sus propios medios un calendario escolar que en estas condiciones es insostenible.

Las primeras respuestas de los trabajadores

Estos ataques a los asalariados no pasan desapercibidos entre los afectados. Los municipales de la capital han realizado múltiples acciones, desde marchas multitudinarias en pleno centro hasta piquetes y concentraciones menores en diversos lugares de trabajo, mientras que la conducción del SUOEM apuesta principalmente a las presentaciones judiciales. Hay que destacar que, aunque no corresponda descartar ninguna forma de lucha contra los atropellos del gobierno, la propia justicia provincial actuó de oficio contra los trabajadores municipales, imputando a decenas de ellos cuando salieron a la calle a pelear por sus salarios. Los municipales de Jesús María iniciaron el camino de la movilización contra estos recortes, bancándose una represión y forzando al municipio a retroceder. Con la bandera en común del repudio a la rebaja jubilatoria, pero sumando reclamos puntuales de cada sector, se han ido sucediendo diversas manifestaciones de docentes, bancarios, judiciales, empleados provinciales, trabajadores de la salud, de Luz y Fuerza, jubilados, en la capital y también en las principales ciudades del interior provincial. Las caravanas de los médicos, contra la imputación por parte de la justicia provincial a sus compañeros, son otra expresión de hartazgo con la intensificación de la explotación entre los trabajadores de la salud. En el ámbito privado también viene habiendo conflictos, con los extendidos paros de los choferes de UTA (casi un mes) y AOITA (más de dos meses) como los casos más destacados, debido a la falta de pago de los salarios y en el marco de una reducción salarial de un 25%, punto que comparten con todos los trabajadores del sector privado. Gremio por gremio, crece la presión a las conducciones sindicales a jugar un rol más activo en este contexto. La expresión más forzada de esto fue la caravana organizada por la CGT Regional y a la que terminaron adhiriendo las demás expresiones sindicales locales. Una movilización convocada de compromiso, solo unas horas antes, sin ninguna pretensión de continuidad ni ánimo de organizar la batalla contra el ajuste que se sufre por abajo. Muy por detrás de lo que vienen demostrando algunos de los sectores que mencionábamos, ganando la calle casi a diario, a pesar de las limitaciones del momento.

Trabajar por una respuesta obrera y popular, unitaria y callejera

El ataque a las jubilaciones, los recortes salariales tanto a los municipales como a los privados, las restricciones presupuestarias al sector público -en especial a la salud-, las suspensiones de los planes de empleo provinciales y las condiciones miserables de vida en los barrios donde más golpea la desocupación, son razones de sobra para que ya esté en marcha una convocatoria a paro general con movilización en toda la provincia. Dada la vocación entreguista de la mayoría de la conducción sindical, una medida como ésta necesita ser motorizada desde cada uno de los lugares de trabajo, impulsando asambleas y medidas parciales que vayan calentando motores hacia una jornada de lucha que ponga sobre la mesa las necesidades y reclamos urgentes de los trabajadores. La disposición a la lucha se comprueba en varios de los ejemplos que citábamos. Teniendo en cuenta los anticipos de algunas patronales acerca de su “imposibilidad de abonar los aguinaldos”, la pretensión de mantener en el tiempo los recortes salariales ya efectuados entre los privados, así como las insinuaciones oficiales respecto a postergar indefinidamente las paritarias que quedaron pendientes para mitad de año, están dados los elementos para recalentar la situación de los asalariados y detonar en conflictos de proporciones. 

Mientras tanto Schiaretti sigue cumpliendo con el programa que le dictan los empresarios agrupados en el Grupo de Entidades Empresariales de Córdoba (G-6). Ante las dificultades económicas, la presión siempre tiene que ser hacia abajo. Extremar los sacrificios de la clase trabajadora para seguir subsidiando las ganancias del capital financiero, industrial, agropecuario y comercial más concentrado, a través de las ATP (asignaciones estatales para el trabajo y la producción), las exenciones impositivas, los préstamos con tasa de interés subsidiada, la permisividad con la fuga de capitales, etc. 

Hacia un plan de lucha fogoneado desde abajo, que supere a la burocracia

Frente a este panorama se impone la necesidad de avanzar en la unidad en la lucha del conjunto de los trabajadores, que recupere las calles para imponer un programa de contenido opuesto al que viene aplicando el gobierno provincial. Para esto hay que tener en claro para quién trabajan los dirigentes sindicales como José “Pepe” Pihen (dirigente eterno del SEP, de la CGT y legislador oficialista), que arregló dos días antes de la reforma una jubilación millonaria mientras sus representados no llegan a fin de mes. Es tiempo de barrer con estos traidores para fortalecer nuestras organizaciones. Hay que unificarse por abajo en la necesidad de tumbar la reforma jubilatoria, en camino a recuperar el 82% para el conjunto de los jubilados. Rechazar de plano todos los recortes salariales tanto en estatales como privados y exigir aumentos salariales que contemplen cláusula gatillo para dejar de perder con la inflación. Abastecimiento de todos los insumos necesarios al sistema de salud, con pase a planta y aumento salarial de emergencia a todos los trabajadores del sector. Garantizar una efectiva asistencia alimentaria y sanitaria a todas las familias que lo necesiten. Todo esto puede ser perfectamente resuelto dejando de pagar la deuda usuraria y avanzando sobre la fortuna de los grandes grupos económicos con presencia en Córdoba, como Arcor, AGD, Edisur, Gama, Bugliotti, Roggio, Porta, las multinacionales automotrices, y las grandes agroexportadoras. Ahí están los recursos que permitirían enfrentar la crisis económica con una perspectiva verdaderamente democrática. Con ese norte, popular y antimonopólico, tiene que ponerse en construcción la unidad de los sectores obreros y populares en lucha.

PRML Regional Córdoba

8/06/20