Apuntes sobre la deuda

El ciclo contemporáneo de endeudamiento en los países dependientes comienza en 1974 con la presión de los bancos comerciales internacionales por colocar los excedentes financieros, producidos por la multiplicación de los precios del petróleo, en un contexto recesivo mundial. El gobierno de Isabel Perón deja el poder con una deuda de U$S 8.000 millones y la última dictadura eleva el monto a U$S 45.000 millones, 74% del PBI.

Con un nuevo salto en las tasas de interés, los servicios de la deuda superan largamente la capacidad de generar divisas vía exportaciones: a mediados de los ´80 la mayoría de los países está refinanciando, pidiendo moratorias o declarando el default. El Plan Baker (1985) permite patear hacia adelante el problema mediante pagos parciales y nuevos endeudamientos, pero a costa de agravar el problema: se fugan enormes riquezas en esos pagos y sin embargo la deuda no deja de crecer. En el gobierno de Alfonsín se eleva de forma escalonada hasta los U$S 65.000 millones, tocando el 118% del PBI en la crisis hiperinflacionaria y el default de 1989, dejando al Estado como principal deudor (en reemplazo del sector privado).

En ese marco, EEUU lanza el Plan Brady (1989) ofreciendo extender los plazos e implementar una quita, asegurando a los bancos acreedores el cobro de una deuda incobrable (reciben bonos de deuda que luego venden a sus clientes) y legitiman la deuda tomada ilegalmente durante la dictadura. Hacia 1992, tras la convertibilidad, la privatización de empresas públicas y la adhesión al Plan Brady el gobierno estabiliza momentáneamente la crisis de la deuda (que baja al 30% del PBI), pero las inconsistencias del modelo determinan un nuevo endeudamiento para mantener el ciclo interno, el déficit fiscal y la paridad cambiaria, especialmente a partir de 1995. En 1998 comienza una fuerte etapa recesiva y la economía se contrae un 19% en los siguientes 4 años, con una deuda que continúa creciendo: su pico es en 2001 con U$S 144 MM (150% del PBI). 

La cesación de pagos tras el estallido de la convertibilidad, la devaluación y la pesificación asimétrica acomodan la deuda en U$S 191 MM en 2004 (125% del PBI). En 2005 se realiza el primer canje con los bonistas, luego de tres años de default y entre pagos y quitas la deuda se reduce a U$S 128 MM (73% del PBI).

Durante el período kirchnerista, la deuda pública atraviesa un proceso más complejo que los simples “desendeudamiento” y “endeudamiento”. En términos absolutos, nominales, la deuda pública bruta pasa de U$S 128 MM (2005) a U$S 240 MM (2015): aumenta unos U$S 110 MM en una década. En términos relativos, la deuda pasa de representar un 73% del PBI luego del primer canje a un 46% al cierre del mandato, debido al crecimiento del Producto en ese mismo período. En 2008-2009 el desendeudamiento (entendido como disminución del porcentaje Deuda/PBI) se frena por la recesión y la devaluación del peso, para luego retomar la senda con la reapertura del canje (2010). A partir de 2012 la tendencia se invierte: se eleva la ratio de deuda por el incremento de su monto nominal pero fundamentalmente por la caída del PBI medido en dólares. Por otra parte, en ese mismo período hay una política de reemplazo de acreedores: crece la deuda pública nominada en pesos, sea con privados internos u organismos del Estado como ANSES y BCRA, en reemplazo de la deuda externa, con privados y nominada en dólares. 

Sin embargo, en su conjunto los pagos significan reconocer una deuda contraída en forma ilegítima, porque buena parte del endeudamiento original es destinado a la fuga de capitales previa al estallido de 2001. Por otro lado, los títulos de deuda son adquiridos en el mercado por inversores y fondos buitre a un precio bajísimo (15% a 20% de su valor nominal) pero considerados al 100% a la hora de implementar la quita obtenida con la negociación. Asimismo, el canje de 2005 con títulos en pesos ajustables por CER y atados a la evolución del PBI es el ideal para los bonistas en un contexto de dólar planchado, alta inflación y perspectivas de crecimiento “a tasas chinas”: terminan recuperando casi todo el valor nominal del título. Finalmente, eso de reemplazar deuda externa por deuda interna es una operatoria clásica, porque para cualquier gobierno es más fácil estafar a los jubilados (ANSES) y al Estado Argentino (BCRA) que a los fondos de inversión. Si le añadimos los U$S 30.000 M emitidos en LEBAC durante el gobierno de Cristina, entendemos cómo el período de “desendeudamiento” del kirchnerismo es más discurso que otra cosa.

El mayor descalabro con la deuda llega durante la era Macri, comenzando por el pago “sin chistar” a los fondos buitres del fallo Griesa, la reducción o eliminación de los mecanismos de control de la especulación y varias opciones para la “bicicleta financiera” (LEBAC, LELIQ), palanqueada con la llegada de dólares desde los fondos de inversión internacionales. Cuando el esquema fue insostenible apareció el FMI para financiar la fuga de capitales, aportando U$S 44.000 M que se fueron por la borda.

En esos pocos años la deuda pública bruta central llega a los U$S 311.000 M (92% del PBI), estando un 80% nominada en dólares, con pocos y grandes acreedores. Se agrava el cuadro si se cuentan las deudas provinciales (U$S 28.000, un 8% del PBI) y del sector privado, y los perfiles de vencimiento: entre 2020 y 2023 se debe abonar más del 50% de la deuda central (unos U$S 180.000 M) y las provincias unos U$S12.000 M.

La deuda hoy

En los términos en que fue adquirida, es una deuda impagable: por eso el FMI y el gobierno coinciden en una reestructuración con los tenedores privados. Y el conjunto del Presupuesto 2020 depende de su resultado. Las negociaciones, por ahora, apuntan a una postergación de pago de capitales e intereses al FMI por 4 años (sin quita) y una negociación con los bonistas para obtener un cronograma de pagos y una disminución de capital y/o intereses del orden del 10 a 50% -en términos nominales. En marzo de 2019 ese default era virtual, puesto que no habían comenzado los cronogramas de pago; en agosto se volvió real, con el reperfilamiento de bonos en pesos; mientras que desde diciembre los vencimientos se pagan, se renegocian (nuevo bono) o se reperfilan (postergan), alternativamente. Ahora, el asunto se pone áspero a partir de abril, cuando comienzan los vencimientos “grandes”, momento para el cual el gobierno quisiera tener cerrados los acuerdos de reestructuración de la deuda: en ese sentido, el default es un hecho, aunque no declarado. Las posibilidades son 1) una aceptación de la situación por parte de los involucrados (gobierno, bonistas, Fondo) y una reestructuración con quitas y plazos determinados; 2) un default unilateral declarado voluntariamente por el gobierno, como parte de un plan económico; 3) un default obligado y desordenado ante la imposibilidad de afrontar los pagos. 

El asunto es que todo acuerdo con los bonistas implicaría el reconocimiento de la legitimidad del 100% de la deuda. Las eventuales “quitas” de capital e intereses serían aceptadas por los acreedores internacionales en virtud del valor bursátil de los títulos de deuda (adquiridos por un 40% del valor nominal), porque un acuerdo de pago inmediatamente elevaría esos bonos al menos hasta un 60%: una ganancia inmediata del 50% de lo invertido y una proyección aún mayor dados los elevados intereses de la reestructuración. En definitiva, los acreedores apuntan a cobrar el 90 o 100% del valor nominal de una deuda comprada al 40%: un negocio fabuloso. A la inversa, en 2015 y tras la experiencia argentina con el fallo Griesa favorable a los fondos buitre, Bélgica sancionó una ley que impide a los fondos de inversión litigar por 100% del valor nominal de los títulos, reconociéndoles únicamente el valor que pagaron por ellos. Francia y Gran Bretaña poseen una legislación similar.

Por otra parte, la deuda externa requiere un constante ingreso de determinada cantidad de dólares para afrontar los pagos. El desafío, por tanto, es la obtención de dólares. En ese sentido, Argentina se encuentra en recesión y sin grandes perspectivas de crecimiento en el “plazo de gracia” que solicita para retomar los pagos: la actividad económica es incapaz -actualmente y en el corto plazo- de generar por sí misma los dólares necesarios para afrontar los pagos. El superávit comercial (U$S16.000 M en 2019) se apoya en el freno a las importaciones y se revertiría con una hipotética recuperación económica. El margen financiero reducido por la deuda externa torna imposible un nuevo ciclo de endeudamiento. Esto significa que, con el margen económico actual y sin tocar los intereses del gran capital local (complejo sojero, petroleras, bancos y comercio exterior), no se puede dar de comer al capital financiero internacional y al mismo tiempo al 40% de las familias bajo la línea de pobreza. Hay que elegir. 

Al respecto, Alberto Fernández esgrime el discurso de que “no vamos a pagar a costa del hambre de los argentinos”, mientras se dispone a convalidar el negociado fabuloso de los especuladores. Solamente pide plazos razonables para evitar que los sectores populares se cansen de pagar los platos rotos de la crisis económica y se rebelen contra el régimen político: es otras palabras, la gran burguesía local no quiere un nuevo 2001. Ese fantasma está sobre la mesa. Las medidas del plan económico “secreto” del gobierno van revelándose: regímenes especiales para la explotación petrolera y minera, acceso al dólar oficial para grandes jugadores económicos, suspensión de cláusulas gatillo y movilidad jubilatoria, próximos aumentos de servicios y combustibles. Además, el gobierno abre los oídos ante los reclamos del gran capital local por reformas estructurales (laboral, jubilatoria, impositiva, crediticia), en consonancia con las usuales exigencias del FMI -que ya monitorea todas las cuentas nacionales. Si bien es cierto que hubo medidas en sentido contrario (tarjeta alimentaria, precios de los medicamentos, etc.) son paliativas y su efecto se agota pronto. En su conjunto, se trata de los planes que Macri no pudo llevar adelante gracias a la movilización callejera, particularmente tras el estallido en diciembre de 2017 frente al Congreso.

Como si esto fuera poco, el papel internacional que cumple Argentina con la conducción del FdT es alinearse con las grandes potencias, especialmente aquellas ligadas a la deuda externa: EEUU por el FMI; Alemania y Francia por el Club de París y el FMI, con el objetivo de negociar la reestructuración. El “aspecto económico” de la cuestión tiene su reverso político, una orientación entre moderada y abiertamente capituladora en la geopolítica: denuncia de Maduro en Venezuela, primera visita internacional a Israel, apoyo a “la institucionalidad” en Chile, “pragmatismo” en la relación con Brasil, etc. Esto es un cambio importante (aunque no de 180°) con la orientación del primer kirchnerismo, que enarbolaba el discurso de la “patria grande”, la unidad de los pueblos y el ALBA. En el fondo, es el efecto de la interrupción en el “crecimiento atado a la exportación de commodities” de América Latina.

Una salida popular

Pagar sin investigar previamente es aceptar la estafa montada por el macrismo, el FMI y los fondos de inversión en estos 4 años. Pero hay que ir más lejos: toda la deuda pública debe ser puesta bajo análisis, porque está viciada desde su origen. No solamente por haber sido tomada durante la dictadura, sino también porque se estatizaron deudas falsas de las empresas privadas: se trató de un circuito de estafa al Estado. Luego vinieron auditorías cuyos resultados fueron ignorados: no se toman resoluciones políticas ni monetarias en torno a los múltiples mecanismos que constituyen la deuda externa. Se respetan los cláusulas y acuerdos “secretos” de todo tipo, favorables a los especuladores financieros; se hace la vista gorda con la colusión público - privada, es decir, hacia funcionarios del Estado que condujeron las finanzas públicas en favor del interés privado (bancos extranjeros, tenedores de bonos, etc.). Todo eso es obra de la alternancia UCR - PJ, su punto máximo es la legitimación (vía parlamentaria) de deudas ilegítimas.

Además está el papel de los organismos de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el BID que, asociados con el gobierno de EEUU y sus bancos, operan para montar y sostener el fabuloso esquema de endeudamiento en todo el continente: la historia de la deuda es calcada en todos los países de América Latina. Crean una deuda colosal y luego exigen la aplicación de determinadas “soluciones” (refinanciamientos, privatizaciones, reformas estructurales) que sólo profundizan el problema. 

Luego, cuando se habla de “renegociar” o “reestructurar”, significa organizar el esquema de pagos para validar y legitimar las estafas montadas en los años anteriores. El negocio es que la deuda continúe existiendo, que nunca se termine de pagar, porque así el especulador se puede llevar los intereses a su bolsillo. En ese cuadro, la auditoría de la deuda es una necesidad impostergable. Hay que develar los mecanismos de estafa y usura para fundamentar la posición de no pago de la deuda, por su carácter ilegítimo y también porque -desde la dictadura a la actualidad- ya se pagaron U$S 500.000 M. Si hubo alguna deuda “legítima”, ya se pagó varias veces.

A esta altura, entra en juego la voluntad y decisión políticas. Declarar el “no pago de la deuda” es enfrentarse con el capital financiero y los Estados que defienden sus intereses: es imposible en el marco del actual régimen capitalista dependiente de Argentina. Sin embargo, es necesario: si no salimos del círculo vicioso de la deuda externa no habrá crecimiento, ni erradicación de la pobreza, ni educación y salud, ni trabajo y jubilaciones dignas... En otras palabras, se necesita un plan integral que comience por expropiar los principales resortes de la economía local bajo propiedad del Estado y control de los trabajadores: nacionalizar los recursos energéticos, los bancos y el comercio exterior, los grandes campos, puertos e industrias. Vista la entrega y el saqueo organizados bajo la democracia de los monopolios, se trata de un programa que solo los trabajadores y sectores populares están en condiciones de debatir, organizar y llevar adelante. El futuro del país depende de un cambio en el régimen político.

David Paz